Hace solo cinco años, el 25 de
febrero del 2011 el Gobierno aprobaba la reducción de la velocidad en autovías
y autopistas a 110 kms/hr por razones de ahorro energético.
Lo primero que hemos de constatar
es que cinco años son una eternidad en un mundo en que la velocidad de la
información no nos deja disfrutar de la información, en que la velocidad de las
innovaciones no nos deja disfrutar de las innovaciones y en el que la velocidad
de la vida no nos deja disfrutar de la vida.
Por aquella época, la primavera
árabe había traído la inestabilidad en el Magreb, el barril de petróleo había
alcanzado los 112 dólares con puntas de 120 dólares y en plena crisis económica
algo había que hacer para amortiguar los efectos sobre unas maltrechas cuentas
públicas en plena pendiente.
Dicen que gobernar es prever y el
ministro de industria llevó al Consejo de Ministros algunas propuestas entre
las medidas recomendadas por la Agencia Internacional de la Energía para
escenarios de emergencia energética entre las cuales, la más vistosa era la
reducción de la velocidad en autovías y
autopistas.
La medida cogió por sorpresa a la
opinión pública y se abrió el debate como se abre en nuestro país, todos contra
el gobierno. Unos dijeron que lo importante era la educación, lo que siendo
cierto no servía para una situación de emergencia ya que sus resultados son a
medio y largo plazo, también se dijo que lo que se buscaba era recaudar más a
través de los radares obviando que la única intención era gastar menos, otros
dijeron que como se tardaría más se iba a consumir más olvidando que el consumo
se mide por kilómetros y no por el tiempo, también se dijo que la medida era un
atentado a la libertad individual y que
el que pudiese pagarla pondría gasolina y el que no allá él y la oposición
tildó la medida como un disparate sin precedentes. Nada nuevo en un debate que
tocaba un tema sensible como es la velocidad.
El debate como la mayoría de los
debates nos permitió aprender algunas cosas como que el 75% de la energía que
consumimos depende del exterior, que un aumento de 10 dólares en el precio del
barril de petróleo nos costaba a todos los españoles 6.000 millones de euros y,
sobre todo, que la velocidad más eficiente es de 90 kms/hr, que a partir ahí
cada kilómetro por hora en que se incrementa la velocidad supone un incremento
del 1% del consumo de combustible y que circular a una velocidad media de 125
kms/hr hace que se consuma un 20% más que circulando a 110 kms/hr, mientras que
el tiempo que se gana es poco importante ya que se reducen 5 minutos en un
viaje de 100 kms.
El 7 de marzo se implementó la
medida y no pasó nada. Los ciudadanos, con mejor o peor disposición,
entendieron que el aumento del precio del barril de petróleo podía hacer
peligrar la incipiente recuperación económica y del empleo, asumieron su
responsabilidad y levantaron un poco el pie del acelerador para correr menos y
así ayudar a su país. Nada más y nada menos.
El coste de la medida fue de
230.000 euros por el cambio de las 6.000 señales de límite de velocidad en
nuestras carreteras, un coste poco significativo ante el ahorro energético
aunque, a decir verdad, nunca hubo un estudio fiable sobre el ahorro económico
de la medida.
Aquella decisión sorprendió
favorablemente en el exterior y algunos responsables de tráfico de países
europeos, con indisimulada admiración, nos preguntaban cómo habíamos gestionado
la medida.
Luego todo se complicó. El 1 de
julio de 2011, cuatro meses después, el gobierno dejó sin efecto la medida
recuperando la velocidad de 120 kms /hr. El argumento fue que el precio del
barril de petróleo había bajado a 106 dólares aunque algunos interpretaron que
la proximidad de las elecciones y la necesidad de dar buenas noticias estaban
detrás de la decisión. No deja de sorprender que algunos piensen que subir 10
kms/hr la velocidad en nuestras autovías y autopistas pueda dar votos.
Más tarde y a través de la ley de
tráfico de 30 de octubre de 2015, el nuevo gobierno abrió la posibilidad de
aumentar hasta 130 kms/hr la velocidad máxima en aquellos tramos que reúnan
determinada condiciones. Otra vez y ante la proximidad de las elecciones,
aparece la sospecha de que alguien pueda haber pensado que aumentando la
velocidad se obtienen votos. No parece una política de largo alcance.
Aquella experiencia nos ha dejado
algunos mensajes. El primero es que si las medidas se explican y se explican
bien, el ciudadano responde. Los ciudadanos son mucho más maduros y mucho más
solidarios de lo que nos pensamos. Otra sensación es la de oportunidad perdida.
Lo que no es de sorprender ya que nuestra historia está llena de oportunidades
perdid
Aquella fue una medida de “ahorro
colectivo” para ayudar a la recuperación económica y del empleo y hoy, en los
programas y debates en los que estamos inmersos, aparecen muy pocas referencias
al ahorro como una cultura necesaria ante el inmenso déficit de nuestras
cuentas públicas. Los discursos están centrados en el cómo y en que gastar y
poco se habla sobre el cómo y en que ahorrar. Hubo una época en que el ahorro
era considerado una virtud pero parece que los tiempos han cambiado y hablar de
ahorro no queda bien y no da votos.
Pere Navarro Olivella
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